El crimen de emigrar
Animal político
| Especial Migrantes: 250 mil mexicanos están detenidos en Estados Unidos por haber cruzado la frontera sin autorización |
Cuando Alberta Patlán
llegó a Estados Unidos, en 1990, cruzó caminando la frontera entre
Ciudad Juárez y El Paso. Tenía 20 años y nunca había salido de Atlixco,
el municipio donde nació. En la mente repasaba la recomendación del
“pollero” (traficante de personas a través de la frontera).
–Si ve a la ‘migra’, corra pa’ México lo más rápido que pueda.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza jamás apareció. Eran otros tiempos.
El año pasado, cuando un oficial de migración descubrió que era indocumentada, Alberta, de 51 años, quedó bajo arresto. No cometió ningún crimen violento. Tampoco robó ni estafó, pero fue enviada a un centro de detención neoyorquino que guarda las formas de una cárcel. Ahí, esta madre y esposa poblana estuvo recluida por más de un mes.
Ahora, Alberta está varada en Tijuana. En febrero la deportaron y hoy intenta regresar a Brooklyn, Nueva York. Allá la esperan su hija de 10 años, su esposo y su vida entera. Pero cruzar la frontera sin documentos nunca había sido más difícil que ahora.
En 2005, Estados Unidos actualizó y endureció sus estrategias para vigilar sus fronteras. Según cifras oficiales, los detenidos por cruzar los límites con México sin documentos, están en niveles que no se habían visto desde 1972. Si bien, los operativos han contenido la migración indocumentada, académicos y organizaciones de ambos países están atentos al creciente número de mexicanos que, como Alberta, son encarcelados sin más delito que haber violado las leyes migratorias.
363 mil migrantes fueron puestos en prisión obligatoria en 2010. La cifra representa un aumento de 500% respecto a 1996. Los deportados son especialmente vulnerables a caer en prisión, pues en su haber cuentan con una o más violaciones a las leyes migratorias.
Tras regresar a México, los “removidos” –como los clasifica la autoridad estadounidense– tardan de tres a seis meses en poner en marcha nuevos planes para cruzar la frontera, según explica Oscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas. La organización promueve en Estados Unidos la humanización del debate migratorio.
La práctica reiterada de encarcelar a personas que entraron a un país sin autorización se conoce como “prisión obligatoria”. Organizaciones sociales en todo el mundo la consideran poco ética, inhumana, e incluso ilegal, cuando el encarcelamiento se prolonga, sin embargo, está contemplada en las leyes de Estados Unidos y México.
En aquel país, es legal desde 1988.
La promesa de Obama
Cada año, Estados Unidos encarcela a 400 mil migrantes que se internaron a su territorio sin autorización. Para ello tiene más de 900 centros de detención, aunque entre 2007 y 2009 sólo se encontraban activos unos 350. La capacidad de los centros en funcionamiento es de 33 mil 400 personas.
Aunque ningún otro país tiene más instalaciones para ejecutar la “prisión obligatoria”, los centros de detención son prisiones operadas por terceros, penales federales, estatales y de los condados, centros de detención juveniles, entre otros, de acuerdo con el proyecto Global Detention.
En 2009, una investigación de la agencia Associated Press reveló que en enero de ese año, de 32 mil detenidos, 18 mil 690 no tenían antecedentes criminales, y de ellos, 400 llevaban más de un año bajo arresto.
“Las instalaciones de detención están plagadas de problemas, que incluyen denuncias de abuso físico, cuidados médicos inadecuados, falta de acceso a abogados y el confinamiento de detenidos por faltas administrativas junto a criminales convictos”, reporta Global Detention en su último informe.
La organización Detention Watch Network (DWN) estima que mantener a cada detenido cuesta en promedio 122 dólares al día. Con la economía estadounidense en recesión, el costo es uno de los argumentos que esgrimen para despresurizar los centros, pero los principales, son humanitarios.
“El sistema cobra una triste cuota física y emocional a las comunidades de migrantes a expensas de los contribuyentes”, reza una carta enviada por DWN al Presidente Barack Obama en noviembre del año pasado. En la misiva exigieron el cierre de 10 centros de detención donde documentaron decenas abusos.
“Roberto Medina Martínez, un inmigrante de 39 años, murió en marzo de 2009 en el centro de detención Stewart (Georgia), por un mal cardiaco tratable”.
“En la cárcel del condado de Hudson (Nueva Jersey), una mujer seropositiva no recibió medicamento adecuado sino hasta que intervino una organización local”.
“Un hombre con serios problemas de salud emocional fue puesto en confinamiento solitario por meses en el Centro de Procesamiento de Houston, Texas”.
En 2009, el gobierno de Barack Obama reconoció estas injusticias y prometió reformar el sistema de detención de inmigrantes. Mientras este y otros aspectos se esperan en la Reforma Migratoria que se presentará próximamente, en California, Texas, Florida y Nueva Jersey, organizaciones civiles ya tienen noticias de liberaciones de migrantes. No obstante, el motivo ha sido recortar el gasto y no la humanización de las políticas.
“La detención obligatoria separa a los padres de sus hijos, priva a los negocios de sus empleados y esparce el miedo en los barrios del país. Estos programas son el motor detrás del rápido crecimiento de los arrestos de migrantes y han añadido presiones al sistema”, denuncia DNW.
Sin embargo, el riesgo a las detenciones y sus consecuencias, no borran los planes de los retornados de cruzar la frontera una vez más.
“Para los migrantes, retornar a casa no es regresar a México, sino a Estados Unidos”, dice el investigador del Colegio de Michoacán, Ariel Mujica. Y en efecto. Cuando los migrantes escuchan las palabra “volver”, rara vez la asocian con su país de origen. Para ellos, la palabra apunta al norte. Donde hicieron, si no la mayor parte de su vida, sí la más productiva.
Cada uno de los retornados que Animal Político entrevistó para esta serie, tiene intención de regresar ‘al otro lado’ tarde o temprano. Los más chicos, sean o no norteamericanos, esperan la mayoría de edad. Algunos, que el crimen organizado despeje las rutas. Otros, que sus hijos terminen el año escolar, pero todos, a su modo, repiten lo que cree Juana Rivas, migrante capitalina. Sentada en un albergue de Tijuana, y esperanzada a cruzar a San Diego a sus 52 años, la mujer dijo:
“Eso de que México recibe a los paisanos con los brazos abiertos es una mentira”.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/2013/04/la-traicion-de-mexico/#axzz2QTPJjpCn
–Si ve a la ‘migra’, corra pa’ México lo más rápido que pueda.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza jamás apareció. Eran otros tiempos.
El año pasado, cuando un oficial de migración descubrió que era indocumentada, Alberta, de 51 años, quedó bajo arresto. No cometió ningún crimen violento. Tampoco robó ni estafó, pero fue enviada a un centro de detención neoyorquino que guarda las formas de una cárcel. Ahí, esta madre y esposa poblana estuvo recluida por más de un mes.
Ahora, Alberta está varada en Tijuana. En febrero la deportaron y hoy intenta regresar a Brooklyn, Nueva York. Allá la esperan su hija de 10 años, su esposo y su vida entera. Pero cruzar la frontera sin documentos nunca había sido más difícil que ahora.
En 2005, Estados Unidos actualizó y endureció sus estrategias para vigilar sus fronteras. Según cifras oficiales, los detenidos por cruzar los límites con México sin documentos, están en niveles que no se habían visto desde 1972. Si bien, los operativos han contenido la migración indocumentada, académicos y organizaciones de ambos países están atentos al creciente número de mexicanos que, como Alberta, son encarcelados sin más delito que haber violado las leyes migratorias.
363 mil migrantes fueron puestos en prisión obligatoria en 2010. La cifra representa un aumento de 500% respecto a 1996. Los deportados son especialmente vulnerables a caer en prisión, pues en su haber cuentan con una o más violaciones a las leyes migratorias.
Tras regresar a México, los “removidos” –como los clasifica la autoridad estadounidense– tardan de tres a seis meses en poner en marcha nuevos planes para cruzar la frontera, según explica Oscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas. La organización promueve en Estados Unidos la humanización del debate migratorio.
La práctica reiterada de encarcelar a personas que entraron a un país sin autorización se conoce como “prisión obligatoria”. Organizaciones sociales en todo el mundo la consideran poco ética, inhumana, e incluso ilegal, cuando el encarcelamiento se prolonga, sin embargo, está contemplada en las leyes de Estados Unidos y México.
En aquel país, es legal desde 1988.
La promesa de Obama
Cada año, Estados Unidos encarcela a 400 mil migrantes que se internaron a su territorio sin autorización. Para ello tiene más de 900 centros de detención, aunque entre 2007 y 2009 sólo se encontraban activos unos 350. La capacidad de los centros en funcionamiento es de 33 mil 400 personas.
Aunque ningún otro país tiene más instalaciones para ejecutar la “prisión obligatoria”, los centros de detención son prisiones operadas por terceros, penales federales, estatales y de los condados, centros de detención juveniles, entre otros, de acuerdo con el proyecto Global Detention.
En 2009, una investigación de la agencia Associated Press reveló que en enero de ese año, de 32 mil detenidos, 18 mil 690 no tenían antecedentes criminales, y de ellos, 400 llevaban más de un año bajo arresto.
“Las instalaciones de detención están plagadas de problemas, que incluyen denuncias de abuso físico, cuidados médicos inadecuados, falta de acceso a abogados y el confinamiento de detenidos por faltas administrativas junto a criminales convictos”, reporta Global Detention en su último informe.
La organización Detention Watch Network (DWN) estima que mantener a cada detenido cuesta en promedio 122 dólares al día. Con la economía estadounidense en recesión, el costo es uno de los argumentos que esgrimen para despresurizar los centros, pero los principales, son humanitarios.
“El sistema cobra una triste cuota física y emocional a las comunidades de migrantes a expensas de los contribuyentes”, reza una carta enviada por DWN al Presidente Barack Obama en noviembre del año pasado. En la misiva exigieron el cierre de 10 centros de detención donde documentaron decenas abusos.
“Roberto Medina Martínez, un inmigrante de 39 años, murió en marzo de 2009 en el centro de detención Stewart (Georgia), por un mal cardiaco tratable”.
“En la cárcel del condado de Hudson (Nueva Jersey), una mujer seropositiva no recibió medicamento adecuado sino hasta que intervino una organización local”.
“Un hombre con serios problemas de salud emocional fue puesto en confinamiento solitario por meses en el Centro de Procesamiento de Houston, Texas”.
En 2009, el gobierno de Barack Obama reconoció estas injusticias y prometió reformar el sistema de detención de inmigrantes. Mientras este y otros aspectos se esperan en la Reforma Migratoria que se presentará próximamente, en California, Texas, Florida y Nueva Jersey, organizaciones civiles ya tienen noticias de liberaciones de migrantes. No obstante, el motivo ha sido recortar el gasto y no la humanización de las políticas.
“La detención obligatoria separa a los padres de sus hijos, priva a los negocios de sus empleados y esparce el miedo en los barrios del país. Estos programas son el motor detrás del rápido crecimiento de los arrestos de migrantes y han añadido presiones al sistema”, denuncia DNW.
Sin embargo, el riesgo a las detenciones y sus consecuencias, no borran los planes de los retornados de cruzar la frontera una vez más.
“Para los migrantes, retornar a casa no es regresar a México, sino a Estados Unidos”, dice el investigador del Colegio de Michoacán, Ariel Mujica. Y en efecto. Cuando los migrantes escuchan las palabra “volver”, rara vez la asocian con su país de origen. Para ellos, la palabra apunta al norte. Donde hicieron, si no la mayor parte de su vida, sí la más productiva.
Cada uno de los retornados que Animal Político entrevistó para esta serie, tiene intención de regresar ‘al otro lado’ tarde o temprano. Los más chicos, sean o no norteamericanos, esperan la mayoría de edad. Algunos, que el crimen organizado despeje las rutas. Otros, que sus hijos terminen el año escolar, pero todos, a su modo, repiten lo que cree Juana Rivas, migrante capitalina. Sentada en un albergue de Tijuana, y esperanzada a cruzar a San Diego a sus 52 años, la mujer dijo:
“Eso de que México recibe a los paisanos con los brazos abiertos es una mentira”.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/2013/04/la-traicion-de-mexico/#axzz2QTPJjpCn
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