Cuando Alberta Patlán
llegó a Estados Unidos, en 1990, cruzó caminando la frontera entre
Ciudad Juárez y El Paso. Tenía 20 años y nunca había salido de Atlixco,
el municipio donde nació. En la mente repasaba la recomendación del
“pollero” (traficante de personas a través de la frontera).
–Si ve a la ‘migra’, corra pa’ México lo más rápido que pueda.
Sin embargo, la Patrulla Fronteriza jamás apareció. Eran otros tiempos.
El
año pasado, cuando un oficial de migración descubrió que era
indocumentada, Alberta, de 51 años, quedó bajo arresto. No cometió
ningún crimen violento. Tampoco robó ni estafó, pero fue enviada a un
centro de detención neoyorquino que guarda las formas de una cárcel.
Ahí, esta madre y esposa poblana estuvo recluida por más de un mes.
Ahora,
Alberta está varada en Tijuana. En febrero la deportaron y hoy intenta
regresar a Brooklyn, Nueva York. Allá la esperan su hija de 10 años, su
esposo y su vida entera. Pero cruzar la frontera sin documentos nunca
había sido más difícil que ahora.
En 2005, Estados Unidos
actualizó y endureció sus estrategias para vigilar sus fronteras. Según
cifras oficiales, los detenidos por cruzar los límites con México sin
documentos, están en niveles que no se habían visto desde 1972. Si bien,
los operativos han contenido la migración indocumentada, académicos y
organizaciones de ambos países están atentos al creciente número de
mexicanos que, como Alberta, son encarcelados sin más delito que haber
violado las leyes migratorias.
363 mil migrantes fueron puestos
en prisión obligatoria en 2010. La cifra representa un aumento de 500%
respecto a 1996. Los deportados son especialmente vulnerables a caer en
prisión, pues en su haber cuentan con una o más violaciones a las leyes
migratorias.
Tras regresar a México, los “removidos” –como los
clasifica la autoridad estadounidense– tardan de tres a seis meses en
poner en marcha nuevos planes para cruzar la frontera, según explica
Oscar Chacón, director de la Alianza Nacional de Comunidades
Latinoamericanas y Caribeñas. La organización promueve en Estados Unidos
la humanización del debate migratorio.
La práctica reiterada de
encarcelar a personas que entraron a un país sin autorización se conoce
como “prisión obligatoria”. Organizaciones sociales en todo el mundo la
consideran poco ética, inhumana, e incluso ilegal, cuando el
encarcelamiento se prolonga, sin embargo, está contemplada en las leyes
de Estados Unidos y México.
En aquel país, es legal desde 1988.
La promesa de ObamaCada
año, Estados Unidos encarcela a 400 mil migrantes que se internaron a
su territorio sin autorización. Para ello tiene más de 900 centros de
detención, aunque entre 2007 y 2009 sólo se encontraban activos unos
350. La capacidad de los centros en funcionamiento es de 33 mil 400
personas.
Aunque ningún otro país tiene más instalaciones para
ejecutar la “prisión obligatoria”, los centros de detención son
prisiones operadas por terceros, penales federales, estatales y de los
condados, centros de detención juveniles, entre otros, de acuerdo con el
proyecto Global Detention.
En 2009, una investigación de la
agencia Associated Press reveló que en enero de ese año, de 32 mil
detenidos, 18 mil 690 no tenían antecedentes criminales, y de ellos, 400
llevaban más de un año bajo arresto.
“Las instalaciones de
detención están plagadas de problemas, que incluyen denuncias de abuso
físico, cuidados médicos inadecuados, falta de acceso a abogados y el
confinamiento de detenidos por faltas administrativas junto a criminales
convictos”, reporta Global Detention en su último informe.
La
organización Detention Watch Network (DWN) estima que mantener a cada
detenido cuesta en promedio 122 dólares al día. Con la economía
estadounidense en recesión, el costo es uno de los argumentos que
esgrimen para despresurizar los centros, pero los principales, son
humanitarios.
“El sistema cobra una triste cuota física y
emocional a las comunidades de migrantes a expensas de los
contribuyentes”, reza una carta enviada por DWN al Presidente Barack
Obama en noviembre del año pasado. En la misiva exigieron el cierre de
10 centros de detención donde documentaron decenas abusos.
“Roberto
Medina Martínez, un inmigrante de 39 años, murió en marzo de 2009 en el
centro de detención Stewart (Georgia), por un mal cardiaco tratable”.
“En
la cárcel del condado de Hudson (Nueva Jersey), una mujer seropositiva
no recibió medicamento adecuado sino hasta que intervino una
organización local”.
“Un hombre con serios problemas de salud
emocional fue puesto en confinamiento solitario por meses en el Centro
de Procesamiento de Houston, Texas”.
En 2009, el gobierno de
Barack Obama reconoció estas injusticias y prometió reformar el sistema
de detención de inmigrantes. Mientras este y otros aspectos se esperan
en la Reforma Migratoria que se presentará próximamente, en California,
Texas, Florida y Nueva Jersey, organizaciones civiles ya tienen noticias
de liberaciones de migrantes. No obstante, el motivo ha sido recortar
el gasto y no la humanización de las políticas.
“La detención
obligatoria separa a los padres de sus hijos, priva a los negocios de
sus empleados y esparce el miedo en los barrios del país. Estos
programas son el motor detrás del rápido crecimiento de los arrestos de
migrantes y han añadido presiones al sistema”, denuncia DNW.
Sin
embargo, el riesgo a las detenciones y sus consecuencias, no borran los
planes de los retornados de cruzar la frontera una vez más.
“Para
los migrantes, retornar a casa no es regresar a México, sino a Estados
Unidos”, dice el investigador del Colegio de Michoacán, Ariel Mujica. Y
en efecto. Cuando los migrantes escuchan las palabra “volver”, rara vez
la asocian con su país de origen. Para ellos, la palabra apunta al
norte. Donde hicieron, si no la mayor parte de su vida, sí la más
productiva.
Cada uno de los retornados que Animal Político
entrevistó para esta serie, tiene intención de regresar ‘al otro lado’
tarde o temprano. Los más chicos, sean o no norteamericanos, esperan la
mayoría de edad. Algunos, que el crimen organizado despeje las rutas.
Otros, que sus hijos terminen el año escolar, pero todos, a su modo,
repiten lo que cree Juana Rivas, migrante capitalina. Sentada en un
albergue de Tijuana, y esperanzada a cruzar a San Diego a sus 52 años,
la mujer dijo:
“Eso de que México recibe a los paisanos con los brazos abiertos es una mentira”.
Fuente:
http://www.animalpolitico.com/2013/04/la-traicion-de-mexico/#axzz2QTPJjpCn
